Ataques armados y el lanzamiento de explosivos desde drones por parte del grupo delictivo conocido como “Los Ardillos” han obligado al desplazamiento forzado de pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en la Montaña Baja del estado de Guerrero.
Los incidentes comenzaron a documentarse desde el 6 de mayo de 2026; una misión de observación visitó algunas de las localidades entre el 22 y el 24 de mayo de 2026 y constató destrucción de viviendas, vehículos y parcelas, además de la muerte de animales de corral que quedaron atrapados en casas incendiadas.
Las cifras sobre el número de desplazados no coinciden: hay conteos que mencionan decenas o centenares, mientras que otras estimaciones elevan la cifra a varios cientos e incluso hasta alrededor de 2,000 personas. En algunas localidades se reportó que poblados quedaron temporalmente despoblados.
Ante la crisis, autoridades federales y estatales reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en la zona; sin embargo, las misiones en terreno denunciaron la ausencia de detenciones y resaltaron que las afectaciones humanas y materiales permanecen sin una solución estructural.
Organizaciones locales y comunidades indígenas han pedido atención urgente para garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas, el acceso a asistencia humanitaria y el inicio de investigaciones que esclarezcan los hechos y responsable(s) de los ataques.
La situación mantiene en alerta a autoridades y organizaciones civiles por el riesgo de nuevas operaciones violentas y por el impacto humanitario en las comunidades nahuas de la región.
