El gobierno de Chile realizó un operativo aéreo para expulsar a 40 personas en situación migratoria irregular, que fueron trasladadas en un avión de la Fuerza Aérea con escalas rumbo a Colombia y Ecuador; fuentes oficiales indicaron que se siguen gestiones para incluir a Bolivia en la ruta.
La mayoría de las personas expulsadas tenían órdenes de expulsión vigentes y, según declaraciones oficiales del Ejecutivo, algunos contaban con antecedentes por delitos como robo, tráfico de drogas y porte ilegal de armas. El traslado contó con acompañamiento de la Policía de Investigaciones (PDI) y la coordinación del Servicio Nacional de Migraciones.
El presidente José Antonio Kast presentó el vuelo como el inicio de una política migratoria de mayor control fronterizo, que incluye medidas terrestres y tecnológicas para reducir los ingresos irregulares. El gobierno proyecta realizar hasta tres vuelos mensuales para agilizar las expulsiones administrativas y judiciales.
La decisión desató reacciones encontradas en el ámbito político y diplomático: mientras sectores del oficialismo celebraron la materialización de una promesa de campaña, voces de la oposición y expertos plantearon dudas sobre la rapidez del proceso, sus implicaciones humanitarias y los posibles efectos en las relaciones consulares con países de origen de los expulsados.
El operativo se enmarca en los primeros días de la administración y las autoridades han dicho que habrá mayor despliegue en la macrozona norte, donde se prevén controles terrestres y la instalación de infraestructura para contener el ingreso irregular de personas.
