El 16 de abril de 2026, el gobierno de Chile concretó el primer vuelo oficial destinado a deportar a personas en situación migratoria irregular. El avión partió desde instalaciones militares en Santiago y, según reportes periodísticos, incluyó escalas en Bolivia, Ecuador y Colombia.
La acción forma parte de una política anunciada por el presidente José Antonio Kast para endurecer el control migratorio y acelerar las expulsiones. Autoridades del Ejecutivo han señalado que se busca materializar expulsiones con operaciones aéreas y terrestres de alto impacto comunicacional.
Medios locales y extranjeros reportaron que el primer vuelo trasladó a decenas de personas; cifras preliminares y versiones oficiales difieren, pero diversos informes señalan que el total rondó las cuarenta personas y que el avión hará paradas para entregar deportados a las autoridades de los países de destino.
El Gobierno ha dicho que planea mantener una frecuencia de vuelos que permita realizar varios traslados al mes, con la meta de devolver a cientos o miles de personas en el plazo de un año, según comunicados y coberturas sobre el plan.
La medida ha generado reacciones en los países receptores: autoridades consulares y de migración de Bolivia, Ecuador y Colombia fueron notificadas y, en algunos casos, se prepararon para recibir a los deportados y brindar asistencia humanitaria básica.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido sobre riesgos para la integridad de personas deportadas y han pedido que los traslados se realicen conforme a estándares internacionales, con atención a casos vulnerables y a procedimientos judiciales o administrativos previos que respalden cada expulsión.
El desarrollo de la política migratoria y la frecuencia de los vuelos serán factores clave en la relación de Chile con sus vecinos y en la atención humanitaria de quienes sean devueltos; las autoridades sostendrán reuniones y coordinaciones con países de la región en las próximas semanas.
