El 10 de abril de 2026, el gobierno de Colombia comunicó que aplicará aranceles del 100% a las importaciones originarias de Ecuador como medida recíproca a la decisión ecuatoriana de elevar su “tasa de seguridad” a 100%, una medida que Quito había anunciado con entrada en vigor prevista para el 1 de mayo de 2026.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, informó a medios colombianos que Bogotá “nivelaría al 100% el arancel a importaciones provenientes de ese país”, en rechazo a la medida adoptada por el gobierno de Daniel Noboa. La decisión de Colombia se presenta como respuesta directa a la escalada arancelaria iniciada por Ecuador en meses anteriores.
El presidente Gustavo Petro ordenó el regreso “inmediato” de la embajadora de Colombia en Quito, María Antonia Velasco, tras el nuevo incremento anunciado por Ecuador, y las delegaciones y encuentros bilaterales previstos fueron suspendidos como consecuencia de la crisis diplomática. La disputa tiene antecedentes: en enero y en semanas posteriores ambos gobiernos aplicaron gravámenes previos (30% y luego 50%) y restricciones que tensaron la relación fronteriza.
Las medidas impactan el comercio bilateral y complican la agenda regional en el corto plazo. Autoridades de ambos países han señalado la existencia de desacuerdos sobre cooperación en seguridad fronteriza y reproches políticos entre los mandatarios, factores que las fuentes periodísticas señalan como el trasfondo de la guerra arancelaria.
Por ahora las acciones anunciadas —subidas arancelarias, llamados a consultas diplomáticas y la retirada temporal de personal diplomático— constituyen el núcleo de la respuesta oficial; quedan pendientes comunicados oficiales adicionales y posibles pasos legales o multilaterales para resolver la controversia.
