El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el 6 de abril de 2026 la constitucionalidad del artículo que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa, cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
La resolución del máximo tribunal reconoce la medida como una facultad administrativa preventiva y fue aprobada por la mayoría del pleno; varios ministros en la discusión anticiparon que la medida podría generar incertidumbre jurídica y efectos comparables a sanciones penales si se aplica sin controles adecuados.
En respuesta al fallo, la delegación de Coparmex en Veracruz expresó su preocupación por el potencial uso arbitrario de la facultad y por las implicaciones para personas y empresas; la organización regional advirtió que la validación de bloqueos sin control judicial puede generar inquietud en el sector privado.
El gobierno federal defendió la decisión como una herramienta para seguir la pista del dinero relacionado con la delincuencia organizada y combatir el lavado de dinero; en conferencias públicas la Presidencia llamó a mantener la calma y aseguró que la medida persigue cortar flujos ilícitos.
Fuentes legales y medios especializados señalan que, pese a ser considerada administrativa, la inclusión en listas de bloqueados y la inmovilización de recursos serán susceptibles de revisión mediante los procedimientos administrativos previstos ante la propia UIF y, posteriormente, recursos judiciales como el amparo.
Los críticos del fallo advierten que la medida puede afectar la confianza para la inversión y la operación de empresas cuando no existan mecanismos claros de control y de notificación al titular afectado; por su parte, los defensores argumentan que la rapidez en la inmovilización es necesaria para evitar la fuga de activos vinculados a delitos.
El debate tras el fallo abre expectativas sobre posibles ajustes normativos o medidas de transparencia para acotar el uso de la facultad y proteger derechos, así como sobre el recorrido de recursos legales de quienes resulten incluidos en listas de bloqueados.
