Un tribunal federal de apelaciones permitió el martes 22 de abril de 2026 que el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, situado en los Everglades de Florida, continúe en funcionamiento y reciba nuevos reclusos, al revocar en lo esencial una orden previa de cierre dictada por un juez federal en Miami.
La mayoría del panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito consideró que la instalación fue construida y es controlada por el estado de Florida con fondos estatales, por lo que no está sujeta —según los magistrados— a la revisión ambiental federal exigida por la ley. Los jueces señalaron además que, al momento de la orden de la jueza de distrito, el estado no había recibido reembolsos federales por los gastos.
En disenso, la jueza Nancy Abudu afirmó que la detención de migrantes es una responsabilidad federal y sostuvo que el hecho de que Florida haya construido la instalación no exime al gobierno federal de su autoridad ni de las obligaciones legales correspondientes.
La medida apelada fue emitida el 21 de agosto de 2025 por la jueza Kathleen Williams, quien ordenó el desmantelamiento progresivo del centro y prohibió el ingreso de nuevos detenidos mientras avanzara la demanda interpuesta por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, que alegan que la construcción afectó humedales protegidos sin una evaluación ambiental previa.
Las organizaciones demandantes, entre ellas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, anunciaron que continuarán con la litigación en el tribunal de distrito. Desde su apertura, el centro ha enfrentado señalamientos por las condiciones de detención; en documentos judiciales recientes, abogados de personas ahí recluidas denunciaron malos tratos, incluyendo agresiones y uso de gas pimienta.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión como una victoria que preserva la capacidad de las autoridades para cumplir con sus funciones de control migratorio. El fallo del tribunal de apelaciones devuelve el caso a la instancia inferior para que prosiga la revisión judicial sobre si corresponden o no trámites ambientales federales.
