El director del Buró Federal de Investigación (FBI) presentó el 20 de abril de 2026 una demanda por difamación en un tribunal federal de Washington, en la que reclama 250 millones de dólares tras la publicación de un reportaje que lo acusa de beber en exceso y registrar ausencias en su cargo.
La demanda, de 19 páginas, identifica decenas de afirmaciones del reportaje que el demandante considera “falsas y difamatorias” y sostiene que la pieza fue publicada con malicia. En el escrito el director exige una compensación millonaria por el daño a su reputación y advierte que buscará responsabilizar a los autores y a la publicación.
El reportaje en cuestión fue difundido el 17 de abril y recogió testimonios de personas que, según la nota, describieron episodios de comportamiento errático, ausencias injustificadas y consumo de alcohol en entornos laborales y sociales. El director negó las acusaciones y advirtió que acudirá a los tribunales para demostrar que se trató de afirmaciones falsas.
El caso se presenta en un contexto de fuerte escrutinio público y político sobre el desempeño del director, y también reaviva un patrón de litigios del funcionario contra medios y comentaristas que, en ocasiones anteriores, ha llevado a demandas por difamación.
Qué sigue: la demanda deberá ser notificada a las partes señaladas y, de avanzar, podría abrir un proceso de descubrimiento en el que ambas partes intercambien pruebas. En casos que involucran a funcionarios públicos, el estándar legal exige probar que la publicación actuó con “malicia real” para prosperar en una demanda por difamación, lo que eleva la dificultad de la acción legal.
