El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 21 de abril de 2026 que agentes del FBI, con la cooperación de las autoridades cubanas, localizaron y trajeron de regreso a un menor de 10 años que había sido trasladado a Cuba sin autorización de la otra progenitora.
Dos personas, identificadas como Rose Inessa‑Ethington, de 42 años, y Blue Inessa‑Ethington, de 32, fueron arrestadas y enfrentan cargos federales por “international parental kidnapping” (secuestro parental internacional), según la acusación presentada en un tribunal federal de Utah.
Documentos judiciales citados por las autoridades indican que el grupo abandonó un viaje planeado a Canadá el 28 de marzo y, tras pasar por territorio canadiense, viajó a México y finalmente llegó a La Habana el 1 de abril de 2026. Una orden judicial del 13 de abril había exigido que el menor fuera devuelto a la otra progenitora, quien recibió la custodia exclusiva.
La pesquisa, que involucró a la unidad de Delitos Violentos contra Niños del FBI en Salt Lake City, señala que existían preocupaciones de familiares sobre la posibilidad de que el menor fuera llevado a Cuba con la intención de someterlo a una intervención relacionada con su identidad de género antes de la pubertad; esas alegaciones aparecen en la denuncia presentada ante el juez. Las autoridades indicaron que hallaron notas y listas de planificación en el domicilio de los detenidos, así como instrucciones relacionadas con atención médica para la afirmación de género.
El menor fue entregado a su madre biológica tras su retorno a Estados Unidos. Las personas detenidas fueron trasladadas a una corte federal y están pendientes de procesos en Salt Lake City.
El caso atrajo atención por lo inusual de la operación, ya que el uso de una aeronave gubernamental en una misión al exterior para recuperar a un niño es poco frecuente en investigaciones de secuestro parental, según expertos citados en los documentos y en reportes periodísticos.
Autoridades federales enfatizaron que la investigación continúa y que la presentación de la acusación no constituye una declaración de culpabilidad; los acusados tienen derecho a un proceso legal.
