Representantes del gobierno estadounidense dijeron en una audiencia el 7 de abril de 2026 que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue planeando deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia, a pesar de un acuerdo reciente con Costa Rica para recibir a personas que no pueden ser devueltas a sus países de origen.
La jueza federal Paula Xinis, que ha emitido órdenes previas para impedir la detención o expulsión de Ábrego García por considerar que el gobierno no tiene un plan viable de retorno, fijó un calendario de presentación de informes y programó una nueva vista para el 28 de abril de 2026.
En la audiencia, Ernesto Molina, director de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, sugirió que Ábrego García podría optar por trasladarse por su cuenta a Costa Rica, país que ha manifestado su disposición a recibirlo; la jueza rechazó esa posibilidad como inviable mientras existan procesos penales pendientes.
Por su parte, documentos del gobierno y memorandos citados en la causa señalan que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del DHS han considerado como destino posible a países africanos, entre ellos Liberia; en un memorando de marzo el director interino del ICE, Todd Lyons, expresó que enviar a Ábrego García a Costa Rica sería perjudicial para Estados Unidos y subrayó negociaciones previas con Liberia para aceptar nacionales de terceros países.
El caso ha generado atención porque Ábrego García fue deportado por error a El Salvador el año anterior y, según resoluciones previas, en 2019 un juez de inmigración determinó que no podía ser devuelto a El Salvador por el riesgo que enfrenta allí. Además, el Departamento de Justicia lo procesa en Tennessee por cargos relacionados con tráfico de personas, asunto que la defensa cuestiona y sobre el cual hay audiencias en curso.
La decisión de la jueza Xinis y los plazos fijados para informes y audiencias definirán los próximos pasos procesales; hasta entonces, las partes deberán presentar pruebas y argumentos sobre la viabilidad de las distintas opciones de retorno y la legalidad de cualquier nueva detención o expulsión.
