El Gobierno de España aprobó en abril de 2026 un Real Decreto que permite la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. La atención presencial para presentar las solicitudes se activó a mediados de abril y permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2026.
La autorización temporal que se concede inicialmente tiene una vigencia de un año, renovable, y habilita tanto para residir como para trabajar en España. Entre los requisitos está haber permanecido en el país antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses continuos de estancia, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.
Los trámites pueden iniciarse de forma presencial en oficinas de la Seguridad Social, de Correos y de Extranjería; además se habilitó la opción de presentar solicitudes en línea. Para acreditar el tiempo de permanencia las autoridades aceptan documentos alternativos como certificados de empadronamiento, informes médicos, contratos de servicios o comprobantes de envío de remesas.
El Gobierno estima que la medida beneficiará a alrededor de medio millón de personas, mientras que centros de estudio como Funcas calculan una cifra mayor, cercana a 840,000 potenciales beneficiarios. Organizaciones y administraciones locales han señalado dudas sobre el plazo de presentación y la logística para procesar el volumen de solicitudes.
Autoridades y organismos internacionales han expresado respaldo a la iniciativa por sus efectos sobre la formalización del empleo y la recaudación, aunque también se han reportado problemas prácticos: desde saturación informativa hasta fraudes que cobran por gestionar citas gratuitas. El Ejecutivo ha instado a la población a utilizar los canales oficiales para evitar estafas.
El plazo oficial para presentar solicitudes vence el 30 de junio de 2026; las autoridades han anunciado que la tramitación tendrá prioridad y plazos acotados para resolver las peticiones.
