Especialistas en finanzas públicas coinciden en que las recientes modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), junto con la propuesta de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, abren riesgos importantes para la sostenibilidad fiscal del país.
Según analistas consultados, el cambio en la definición del “gasto estructural” permitiría sortear límites al gasto corriente —como sueldos y programas sociales— y, en ausencia de ingresos adicionales, podría traducirse en un mayor déficit presupuestario y en un incremento de la deuda pública.
Representantes del sector financiero y centros de análisis señalaron la necesidad de mecanismos de evaluación independientes antes de consolidar las reformas. Entre las voces destacadas se encuentra la del IMEF, que expresó preocupación por la flexibilización de las reglas fiscales; especialistas de Banco Base advirtieron sobre la pérdida de anclas fiscales y organizaciones como México Evalúa reclamaron mayor control del Congreso sobre el uso de la deuda.
Expertos proponen la creación o fortalecimiento de un Consejo Fiscal técnico y autónomo que revise la viabilidad de los cambios y emita pronósticos y evaluaciones públicas. La medida tendría como objetivo mejorar la transparencia y reducir el riesgo discrecional en la aprobación del gasto, explican los analistas.
Si bien las reformas buscan acelerar inversiones y simplificar la contratación para proyectos prioritarios, los críticos advierten que sin reglas claras de financiamiento y un análisis de riesgo fiscal se corre el riesgo de dañar la credibilidad financiera del país y aumentar los costos de endeudamiento.
En los próximos días, legisladores y autoridades económicas deberán aclarar los alcances de las reformas y presentar evaluaciones sobre su impacto en el déficit y la trayectoria de la deuda pública.
