El último adelanto del World Economic Outlook (abril 2026) del Fondo Monetario Internacional señala que las guerras generan daños económicos más profundos y duraderos que las crisis financieras o los desastres naturales.
El argumento central es que los conflictos producen pérdidas de producción duraderas y complican la recuperación: la reconstrucción exige paz sostenida, estabilización creíble y acción política coordinada para recuperar niveles previos de actividad económica.
El análisis empírico del FMI utiliza un conjunto de datos que abarca 164 países desde 1946 y distingue entre repuntes del gasto en defensa en tiempos de paz y en tiempos de guerra. En un auge típico del gasto en defensa —que suele durar más de dos años y medio— el gasto aumenta alrededor de 2.7 puntos porcentuales del PIB y cerca de dos tercios de ese incremento se financian mediante mayores déficits fiscales.
El Fondo advierte que esos repuntes tienden a deteriorar los saldos fiscales y externos: en promedio, los déficits fiscales se deterioran en unos 2.6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública aumenta en aproximadamente siete puntos porcentuales en los tres años siguientes al inicio del incremento del gasto en defensa. Cuando el aumento ocurre en contexto de guerra, el impacto sobre la deuda y el gasto social es aún mayor: la deuda pública puede dispararse en alrededor de 14 puntos del PIB y el gasto social suele reducirse en términos reales.
Los datos recientes también muestran que la proporción de países que destinan más de 2% del PIB a defensa creció en los últimos años: en 2018 era alrededor del 27% y en 2024 se acercó al 40%, según el análisis presentado por el organismo.
El FMI señala que, aunque la expansión del gasto militar puede impulsar la actividad económica a corto plazo —por el estímulo a la inversión y la demanda—, sus efectos macroeconómicos suelen incluir presiones inflacionarias, empeoramiento de los saldos fiscales y externos, y desplazamiento del gasto social y en inversión productiva.
En conclusión, el organismo plantea que las políticas públicas posteriores a un conflicto deben priorizar la durabilidad de la paz y la estabilización fiscal para facilitar una recuperación más sólida; de lo contrario, las secuelas económicas pueden prolongarse y agravar vulnerabilidades fiscales y externas.
