La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 26 de marzo de 2026 el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, un paquete de apoyos para renovar autobuses, tractocamiones y camiones de carga.
El plan incluye incentivos fiscales —como la posibilidad de depreciación acelerada de hasta 86% del valor del vehículo en el primer año— y un esquema de garantías manejado por Nacional Financiera. El gobierno destinó recursos iniciales por aproximadamente 2,000 millones de pesos en estímulos fiscales y un programa de 250 millones de pesos para facilitar el acceso al financiamiento.
Las autoridades y representantes del sector —entre ellos la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)— señalaron que la medida busca modernizar la flota, mejorar condiciones de seguridad vial y reducir emisiones contaminantes.
El anuncio se produce en un contexto donde la antigüedad promedio del parque de vehículos pesados en México se sitúa en 19 años, un rezago que las autoridades atribuyen a la entrada de unidades usadas y a la baja renovación del parque.
Además de los estímulos fiscales y el financiamiento, el programa contempla reglas más estrictas para la importación de unidades usadas, incluyendo la actualización de los precios de referencia en aduanas y requisitos técnicos que buscan evitar la entrada de vehículos subvaluados o con altos kilómetros acumulados.
El gobierno y la industria dijeron que la combinación de incentivos pretende fortalecer la producción nacional de vehículos pesados con sello “Hecho en México” y proteger empleos del sector, al tiempo que se espera una mejora gradual en la seguridad y en los estándares ambientales del autotransporte de carga y pasaje.
