El 21 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con representantes del sector gasolinero y funcionarios federales para definir medidas tendientes a frenar el alza del diésel. Como resultado, se acordó de forma voluntaria un tope de 28 pesos por litro para el diésel y la implementación de estímulos fiscales, incluida una reducción temporal del IEPS.
El Gobierno explicó que la medida busca contener la inflación en sectores sensibles como el transporte de mercancías y la producción agrícola, y que habrá coordinación entre Hacienda, Energía, Pemex y Profeco para vigilar el cumplimiento del acuerdo y apoyar la distribución.
Las autoridades anunciaron además un endurecimiento de las verificaciones de Profeco y la realización de operativos en estaciones que no respeten los precios acordados. Reportes oficiales y medios señalan que la adopción del tope es desigual: mientras una parte importante de las estaciones vende el diésel en torno al nivel fijado, casi la mitad del país registra precios por encima del umbral en distintos puntos.
Analistas y representantes del sector advirtieron que la compresión de márgenes puede aumentar los incentivos a prácticas irregulares, como la comercialización de combustible fuera de trazabilidad o la entrega de litros por debajo del volumén prometido. Organismos empresariales reconocieron la disposición a colaborar, pero advirtieron que sostener el precio será complicado si los costos logísticos y el precio internacional se mantienen altos.
El Gobierno y los concesionarios acordaron mantener reuniones de seguimiento en las próximas semanas para evaluar resultados y ajustar medidas si es necesario. Mientras tanto, Profeco intensificará sus inspecciones y la Secretaría de Hacienda continuará aplicando estímulos fiscales temporales para amortiguar el impacto en el precio final.
