IBM acordó pagar 17 millones de dólares para resolver acusaciones del U.S. Department of Justice vinculadas a sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), informó que la resolución se presentó bajo la teoría de la False Claims Act relacionada con el cumplimiento de contratos federales.
El acuerdo es relevante porque el Departamento de Justicia ha venido señalando que algunas políticas DEI podrían implicar responsabilidad bajo la False Claims Act cuando empresas con contratos federales certifican el cumplimiento de las leyes de derechos civiles mientras, según la acusación, aplican prácticas que favorecen o perjudican a empleados por motivos demográficos. Esa línea de investigación se enmarca en la llamada Civil Rights Fraud Initiative del gobierno federal.
Según los reportes, la denuncia del gobierno decía que IBM habría vinculado ciertos incentivos —como bonos— al cumplimiento de metas demográficas en contrataciones, ajustado criterios de entrevistas en función de raza o sexo, y ofrecido formaciones o mentorías dirigidas a grupos específicos. IBM negó las alegaciones y no admitió responsabilidad al aceptar la resolución económica.
Analistas legales y despachos que han seguido la iniciativa del DOJ han señalado que este acuerdo puede sentar precedentes sobre cómo se diseñan y documentan los programas de DEI en contratistas federales, al mismo tiempo que ejemplifica la expansión de la aplicación de la False Claims Act a áreas no tradicionales.
El incremento de investigaciones y resoluciones relacionadas con la False Claims Act en los últimos periodos fiscales ha intensificado la atención sobre el riesgo regulatorio para empresas que reciben fondos o contratos federales y mantienen programas internos de diversidad y equidad. Abogados consultados en notas especializadas recomiendan que contratistas revisen certificaciones y políticas para asegurar coherencia con los requisitos contractuales y las leyes de derechos civiles.
En conclusión, el acuerdo entre IBM y el Departamento de Justicia por 17 millones de dólares subraya la atención del gobierno sobre posibles implicaciones legales de las políticas DEI en el ámbito de los contratos federales. La resolución cierra la disputa económica pero plantea preguntas sobre la forma en que las empresas diseñarán y documentarán sus programas de diversidad en adelante.
