La justicia salvadoreña instaló el lunes 20 de abril de 2026 un proceso colectivo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS‑13) en San Salvador, en lo que las autoridades describen como el primer juicio masivo dirigido al mando de la pandilla.
Las cifras oficiales difieren: los tribunales mencionaron 492 imputados, la Fiscalía reportó 486 y medios registran un conteo aproximado de 490. A la fiscalía se le atribuye la imputación de decenas de miles de delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos miles de homicidios, según los comunicados oficiales.
El proceso se celebra mediante la figura de “audiencia única abierta”, una modalidad introducida por reformas legales que permite agrupar a miembros de una misma estructura en un solo expediente y sumar imputados con el avance del caso.
Gran parte de los acusados comparece de forma virtual desde distintos centros penales; las autoridades señalaron que más de 400 de ellos están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno para estos procesos.
El gobierno de Nayib Bukele ha defendido la medida como parte de su ofensiva contra las pandillas, mientras organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal advierten sobre riesgos para las garantías procesales y la posibilidad de condenas sin una adecuada individualización de la responsabilidad penal.
El inicio de este juicio se inscribe en una serie de procesos masivos que se han realizado desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, que según las autoridades permitió la detención de más de 90,000 personas sospechosas de pertenecer a estructuras criminales.
La duración del proceso y las posibles consecuencias jurídicas dependerán de las audiencias posteriores; fuentes judiciales consultadas por medios internacionales estiman que estos procesos pueden prolongarse varios meses.
