Un juez federal de Washington aclaró el 16 de abril de 2026 que, aunque mantiene suspendida la construcción sobre el nivel del suelo del polémico salón de baile de la Casa Blanca, el gobierno puede seguir adelante con excavaciones y obras subterráneas destinadas a un búnker y otras instalaciones de seguridad nacional.
La orden del juez Richard Leon permite continuar los trabajos bajo tierra tras la indicación del Tribunal de Apelaciones de reconsiderar las implicaciones para la seguridad nacional, derivada del fallo inicial que, el 31 de marzo de 2026, había ordenado frenar la obra hasta que el Congreso autorice el proyecto.
El proyecto del salón de baile, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares y previsto para ocupar cerca de 8,400 metros cuadrados, ha generado litigios por parte del National Trust for Historic Preservation, que argumenta que el presidente excedió sus facultades al demoler el Ala Este para reconstruirla.
Leon sostuvo que no estaba prohibiendo los trabajos necesarios para asegurar la seguridad y protección de la residencia ejecutiva, pero advirtió que la seguridad nacional no es “un cheque en blanco” para justificar actividades que, de otro modo, serían ilegales.
El fallo llega después de que una comisión federal diera luz verde administrativa al proyecto el 2 de abril de 2026, aunque esa aprobación no anula la orden judicial que exige autorización expresa del Congreso para continuar con la construcción sobre el nivel del suelo.
La disputa legal podría prolongarse mientras el gobierno busca revisar la decisión ante instancias superiores y los demandantes mantienen su recurso para impedir que avance la parte visible del proyecto.
