Un jurado federal en Manhattan determinó el 15 de abril de 2026 que Live Nation y su filial Ticketmaster actuaron como un monopolio en el mercado de venta de boletos y grandes recintos, y que los consumidores resultaron perjudicados por sus prácticas.
Los jurados concluyeron que Ticketmaster cobró $1.72 dólares adicionales por boleto en 22 estados, y establecieron que la conducta de la empresa fue anticompetitiva. El veredicto podría traducirse en cientos de millones de dólares en daños para las compañías, según lo expuesto durante el juicio.
La demanda fue presentada por un grupo de fiscalías estatales y el gobierno federal en 2024, que acusaron a Live Nation de consolidar poder mediante prácticas que limitan la competencia entre vendedores de boletos y la operación de recintos.
La sentencia podría derivar en sanciones económicas y en órdenes judiciales para modificar la estructura de la empresa, incluyendo posibles desinversiones o restricciones operativas, aunque cualquier medida concreta quedará a criterio del juez y de las futuras etapas del proceso.
El caso fue seguido de cerca por la industria musical y por consumidores afectados por el alza de tarifas en la compra de boletos. El veredicto marca un hito en la supervisión antimonopolio del sector del entretenimiento en vivo.
