Un análisis de datos oficiales del periodo del 20 de enero al 20 de agosto de 2025 encontró que más de 11,000 niños ciudadanos estadounidenses tuvieron al menos un progenitor detenido por agentes migratorios durante los primeros siete meses de la segunda administración del presidente iniciada en enero de 2025.
El estudio comparó el mismo tramo de siete meses en 2024 y en 2025 y halló además que, en 2025, una proporción mayor de madres detenidas terminó siendo deportada en comparación con el periodo anterior.
Ante estos resultados, organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes alertaron sobre las consecuencias para los menores: interrupciones en tratamientos médicos, pérdida de cuidados regulares, situaciones de cuidado informal sin custodia legal clara y riesgos de daño psicológico persistente.
Por su parte, la autoridad federal emitió comunicaciones aclarando que no existe una política de deportación de niños ciudadanos en general y planteó matices sobre los casos individuales, mientras que algunos fallos judiciales recientes han ordenado la devolución de familias o la revisión de procedimientos en casos concretos.
El fenómeno expone tensiones entre prácticas de control migratorio y las garantías para familias mixtas, y ha dado pie a litigios y llamados a revisar protocolos que garanticen el acceso a representación legal y tiempo suficiente para decidir sobre la custodia de los menores antes de cualquier retorno.
La situación continúa en evolución y las autoridades y defensores solicitan medidas para proteger la estabilidad y el bienestar de los niños afectados.
