Fuerzas de seguridad impidieron el avance de una movilización de trabajadores que el 9 de abril de 2026 buscaba llegar al Palacio de Miraflores en Caracas para exigir aumentos salariales, según reportes de medios locales. Las publicaciones indican que hubo choques entre manifestantes y cuerpos antidisturbios y que se emplearon gases lacrimógenos para contener a la marcha en el centro de la ciudad.
La convocatoria de los gremios respondió a la reciente declaración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció un incremento salarial que, según sus palabras, entrará en vigor el 1 de mayo pero no especificó montos ni alcance en prestaciones. Representantes sindicales y organizaciones de trabajadores insistieron en que la medida es insuficiente ante la pérdida del poder adquisitivo.
Organizaciones laborales y grupos civiles habían convocado a la protesta para reclamar un salario que permita cubrir la canasta básica familiar; reportes citados por medios colocan ese monto en torno a los 600–650 dólares según estimaciones privadas. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros observadores habían pedido al gobierno un ajuste urgente del salario mínimo, congelado desde 2022.
Además de los bloqueos policiales, la jornada estuvo marcada por la presencia de una contramarcha promovida por líderes del oficialismo, que fue anunciada antes de la fecha. Organizaciones defensoras de derechos humanos y observatorios civiles alertaron previamente sobre prácticas que describieron como una “represión blanda” destinada a limitar el alcance de las movilizaciones.
Fuentes consultadas señalan que las medidas de contención impidieron a los organizadores cumplir el objetivo de llegar frente a Miraflores. El gobierno anunció que los detalles del ajuste salarial se darán a conocer con posterioridad y la fecha del 1 de mayo queda como referencia para su entrada en vigor.
