Polonia ofreció alojamiento y protección temporal a un número masivo de personas desplazadas por la guerra en Ucrania, pero al mismo tiempo ha implementado medidas que suspenden o impiden la solicitud de asilo en tramos de la frontera con Bielorrusia.
Nut graf: El contraste entre la acogida a quienes llegan desde Ucrania y las prácticas aplicadas a migrantes procedentes de Oriente Medio, África y América Latina ha sido documentado por organizaciones internacionales: las autoridades polacas han ejecutado expulsiones sumarias en la frontera con Bielorrusia y promulgaron normas que suspenden temporalmente la presentación de solicitudes de protección, mientras que informes independientes registran casos de explotación laboral entre migrantes en el interior del país.
En marzo de 2025 se introdujo una medida de suspensión —aprobada por el Parlamento y con entrada en vigor en días posteriores— que permitió restringir durante periodos la presentación de solicitudes de protección en zonas señaladas a lo largo de la frontera con Bielorrusia.
Organizaciones de derechos humanos han documentado expulsiones sumarias y violencia en la frontera. Informes señalan que, en periodos previos, el gobierno declaró haber practicado miles de devoluciones desde julio de 2023 hasta enero de 2024, y que en 2025 se registraron decenas de miles de pushbacks en las fronteras entre la UE y Bielorrusia, una porción significativa de los cuales tuvieron lugar en el tramo polaco.
ONG que trabajan en la zona han usado el término muharrama para describir la “tierra de nadie” entre las vallas polacas y los controles bielorrusos, un espacio donde, según informes, las condiciones carecen de agua potable y servicios básicos. En registros hasta septiembre de 2025 se documentaron al menos 168 niños localizados en esa área y se describen largos periodos de estancia sin acceso regular a asistencia.
Paralelamente, estudios y organismos internacionales han alertado sobre formas crecientes de explotación laboral y de vivienda entre trabajadores migrantes en Polonia. Un análisis conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones y la red Migration Consortium abarcó el periodo 2022‑2024 y apuntó a un aumento de casos de trabajo forzoso, retención de salarios y condiciones de alojamiento precarias.
El Centro Nacional de Intervención y Asesoramiento para Víctimas de la Trata (KCIK) reportó haber asistido a personas víctimas de explotación entre 2021 y 2024, incluyendo migrantes de países latinoamericanos; los datos citados en estudios sectoriales reflejan casos procedentes de Colombia, México, Guatemala, Venezuela y Argentina entre los beneficiarios de asistencia.
Las autoridades polacas han defendido estas medidas como respuestas a lo que definen una “instrumentalización” de flujos migratorios por parte de Bielorrusia y Rusia. Sin embargo, organismos internacionales y coaliciones de ONG sostienen que las devoluciones sumarias vulneran obligaciones de no devolución (non‑refoulement) recogidas en el derecho internacional y en normativa europea.
El debate tiene implicaciones prácticas y jurídicas: además del control fronterizo, las políticas influyen en el acceso a prestaciones sociales, la posibilidad de solicitar protección y la capacidad de las víctimas de explotación para denunciar y recibir asistencia. Informes recientes han llevado casos ante instancias europeas y han pedido salvaguardias claras para garantizar evaluaciones individuales de protección y prevenir abusos.
En síntesis, la evidencia pública consolidada por organismos internacionales y grupos civiles muestra una política doble en la gestión migratoria de Polonia: amplia aceptación y mecanismos de integración para quienes huyen de la guerra en Ucrania, frente a medidas restrictivas, expulsiones y prácticas que han expuesto a migrantes provenientes de otras regiones a riesgos de violencia y explotación. El futuro próximo dependerá de decisiones legislativas y de posibles resoluciones en tribunales europeos sobre las prácticas fronterizas.
