Exdetenidos y sus abogados presentaron en 2026 demandas y notificaciones de reclamación contra el gobierno de Estados Unidos por deportaciones que, según alegan los demandantes, terminaron con su internamiento y maltrato en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
Uno de los casos identifica a Neiyerver Adrián León Rengel, quien exige al menos 1.3 millones de dólares por lo que describe como identificación errónea, privación del debido proceso, encarcelamiento y abusos físicos y psicológicos durante su permanencia en el CECOT.
En Utah, abogados anunciaron una notificación previa de demanda por 56 millones de dólares en nombre de un joven venezolano que, según la reclamación, sufrió lesiones graves mientras estuvo en el CECOT; esa notificación es el paso administrativo obligatorio antes de presentar una demanda federal por daños.
Organizaciones legales especializadas en defensa de migrantes también han presentado reclamaciones administrativas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA) en nombre de varios venezolanos que afirman haber sido torturados o maltratados en el CECOT tras ser trasladados desde Estados Unidos.
Varios tribunales federales en Estados Unidos han intervenido en casos relacionados con deportaciones y detenciones. En al menos un expediente, la jueza ordenó el retorno de una persona removida en violación de las protecciones de su estatus migratorio y la restauración de sus derechos como si la remoción no hubiera ocurrido.
Los expertos legales señalan que, aunque algunas víctimas buscan la restitución inmediata (retorno o liberación), otras optan por demandas por daños económicos. La Ley Federal de Reclamaciones por Agravios permite ciertas reclamaciones contra el gobierno, pero contiene excepciones que protegen decisiones discrecionales del Estado, lo que complica las posibilidades de éxito en demandas por montos millonarios.
Grupos de derechos y medios internacionales han documentado transferencias masivas de migrantes —incluidos venezolanos— al CECOT y han denunciado prácticas que podrían constituir detención arbitraria o maltrato. Esas denuncias han generado acciones legales, reclamaciones administrativas y atención internacional sobre el costo legal, político y humanitario de las operaciones de deportación.
Los procesos judiciales y administrativos están en curso; las reclamaciones y demandas citadas no implican sentencias ni condenas firmes en este momento, y las autoridades han sido requeridas en varios casos a facilitar retornos o revisar detenciones.
Información adicional sobre el estado procesal de cada caso y las respuestas oficiales sigue pendiente mientras los tribunales y las agencias correspondientes continúan con las actuaciones.
